_edited_edited_edited_edit.png)
Parlamentarios europeos decidieron reunirse el pasado viernes 10 de julio con líderes sociales, con el fin de analizar si las recientes leyes ecuatorianas cumplen el Acuerdo Comercial Ecuador-Unión Europea.
Esto se da ya que en los meses de emergencia sanitaria el gobierno ecuatoriano promulgó dos leyes, la Ley Humanitaria y la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Por este motivo, sindicatos y movimientos sociales se reunieron en esa época con la Comisión Europea y la Organización Internacional del Trabajo-OIT-, para evidenciar la situación, lo que despertó la preocupación de estos organismos.
Los líderes sociales participaron de la revisión de las leyes en el marco del Acuerdo Comercial, y que consideran afectan a todos los trabajadores. Sostienen que representan a políticas que se quisieron imponer en el 2019, por orden del FMI, y que motivaron las protestas de octubre. Consideran que ahora aprovechándose de la pandemia y las limitaciones de movilidad fueron expedidas violando la Constitución de la República, convenios de la OIT y el Titulo IX del Acuerdo Comercial.
Intervino entonces Jorge Acosta, coordinador General del sindicato bananero ASTAC, quien expuso la situación actual, problemáticas y acciones presentadas ante OIT y la Comisión Europea por las recientes leyes que se promulgaron y que incumplen el Título IX del Acuerdo Comercial. Señaló que desde la vigencia del acuerdo multipartes se emitieron una serie de disposiciones normativas que establecen modalidades contractuales especiales “conforme a los principios de la realidad, la costumbre y el carácter especial de las labores que se desempeñan en estos sectores”, pero que todas las disposiciones contraponen el artículo 327 de la constitución del Ecuador, que prohíbe toda forma de precarización laboral y en específico la contratación laboral por horas. Así como los artículos Art. 268 y 277 del Acuerdo Multipartes que indica” cada Parte procurará asegurar que sus leyes y políticas pertinentes contemplen e incentiven altos niveles de protección ambiental y laboral. Ninguna Parte incentivará el comercio o la inversión mediante la reducción de los niveles de protección contemplados en su legislación ambiental y laboral”.
Acosta recordó que en el 2018 se presentó una acción de inconstitucionalidad (N°. 0044-18-IN) respecto de los tres acuerdos ministeriales que regulan las relaciones laborales en el sector agrícola y bananero. La acción fue inadmitida el 2 de mayo del 2019. Y que en ese mismo año la Asociación Sindical de Trabajadores Agrícolas, Bananeros y Campesinos presentó una queja ante el Estado ecuatoriano, por el incumplimiento del Acuerdo Multipartes con la UE, respecto de temas laborales, obteniendo como respuesta la persecución.
Finalmente recalcó que en el 2019 la defensoría del pueblo presentó un informe de verificación de vulneraciones de derechos humanos en las provincias productoras de banano del Ecuador. Acosta alertó de que el 46% de las personas tiene trabajo autónomo y en emergencia no fueron atendidas sus necesidades por el gobierno nacional. En tanto que Edwin Bedoya, presidente FUT-pichincha, explicó las violaciones a los derechos laborales que contiene la Ley Humanitaria para enfrentar la emergencia sanitaria. Alertó que a pesar de que se contemplan acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, estos en la práctica se han dado a puerta cerrada, entre empleadores y trabajadores, y sin la vigilancia del Ministerio del Trabajo, con las respectivas reducciones de salario o despidos irregulares o intempestivos.
Bedoya detalló que se plantea un contrato especial emergente en el que por dos años se labora, en jornadas parciales, 6 días a la semana, sin días de descanso, e indemnización por despido intempestivo. Se contempla también la reducción de la jornada, que será hasta el 50% y la remuneración no será menor al 55% hasta por dos años. Y en el tema de vacaciones, el empleador puede disponer unilateralmente de ellas, por dos años, de forma anticipada y compensar días de “inasistencia al trabajo” con las vacaciones, lo calificó como “injusto”.
Por su lado Iván Bastidas, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos CONASEP y Coordinador Nacional de la ISP, explicó la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas y la situación del Instituto de Seguridad Social e indicó que El gobierno propone “optimizar” los puestos de trabajo existentes, asignando la carga de trabajo de quienes fueron despedidos. Mientras que el Ministerio de Finanzas controlará los egresos de las entidades públicas, incluidos los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas, promoviendo despidos masivos. Se observa también que se amplía el control a instituciones autónomas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que mediante decreto 1053 se modificó el reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, permitiendo la reducción de jornadas de trabajo y la consecuente reducción de salarios. Bastidas alertó que existen 250.000 contratos de trabajo terminados hasta el 07 de julio y una tasa de desempleo que se incrementa hasta en 4 puntos a nivel nacional, lo que desembocaría en crecimientos de 2,8 puntos porcentuales sobre los niveles de pobreza. Blanca Chancoso, líder indígena expresidenta de la Ecuarunari, detalló la afectación al sector indígena de las medidas. Alertó de que varias zonas del pueblo saraguro que viven del comercio interno de queso y leche se han visto afectados por el TLC con Europa, debido al ingreso de leche de polvo y no impulso de los productos de las comunidades. Indicó que sus productos deben certificarse, más no existe acompañamiento, ni facilidades por parte del gobierno.
Chancoso señaló que el gobierno actual ha sido “indolente” con las necesidades de la comunidad y que el colectivo de organizaciones sociales y de derechos humanos, con más de 200 instituciones y grupos juntos, presentará una propuesta para poder manejar la situación y economía actual golpeada por el covid.
Los líderes sociales en su conjunto plantearon a los eurodiputados que la Unión Europea recuerde al Ecuador que no pude tomar medidas regresivas en derechos laborales, según el Título IX del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea; y, que en contexto de emergencia sanitaria debe garantizar normas adecuadas para al menos mantener los niveles de protección. Que la Unión Europea haga una consulta gubernamental sobre las vulneraciones a los derechos laborales en el Ecuador; y, que se considere establecer un Grupo de Expertos con participación de la OIT. Además de que el Parlamento Europeo conforme una comisión para analizar las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano en el marco del Acuerdo Multipartes con la Unión Europea; y, que realice una visita al Ecuador para mantener reuniones tripartitas.
Para los eurodiputados Helmut Scholz, Grupo de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y María Arena, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo el encuentro sirvió para escuchar los planteamientos actuales del sector social ecuatoriano e ir concretando acciones y estrategias para una solución universal. Lograr en conjunto un instrumento para conseguir la mayor fuerza de cambio de consumo, para presionar a los gobiernos y sus políticas. Destacaron que es importante que se organicen los ciudadanos para cambiar las economías globales y locales. Señalaron la importancia de llegar a una concertación mundial de los marcos económicos, para enfocarnos en las nuevas formas de cooperación. Puntualizaron que las economías europeas deben sobrevivir e intentar que la lógica económica cambie, por lo que recomendaron definir en detalle acciones con las organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, enfocar qué fuerzas son requeridas para conseguir una nueva concienciación sobre el consumo y desde allí cambiar la lógica.
Todos los actores acordaron continuar estos procesos de consulta y definición de acciones estratégicas que beneficien a la ciudadanía y su sistema de producción.
Comments